El gobierno de izquierda ¿de qué tiempo data? Depende del concepto central de la pregunta. Hemos tenido por delante dos clases de aparatos de izquierda. Uno es el que se presenta a sí mismo en ese carácter: dice él mismo que es de izquierda. La organización partidaria que lo cubre con su bandera incluye al Partido Comunista, al Partido Socialista, y al MPP, el cual no sólo fue en teoría revolucionario, sino que se lanzó de hecho a una guerrilla abiertamente marxista (los famosos tupamaros) contra el gobierno constitucional, cuya derrota militar, afortunadamente, los alejó del poder. Y digo “afortunadamente” pensando en la suerte de los tupamaros mismos, porque actualmente están cómodamente instalados en el poder, y si hubieran triunfado no habría podido mantenerse en él sin una dictadura salvaje, como en Cuba, tal vez imposible en un país con una frontera seca y otra cuasiseca; encima de lo cual ahora no están obligados a la solemne tontería de “nacionalizar” el capital, que a la URSS llevó a la ruina y obligó a los chinos a renegar públicamente de su fe marxista. En buena medida, la izquierda actual se valió, como veremos, de las estrategias y la legislación aportada por la primera tanda, no dejando, a pesar de la riqueza del viejo polvorín, un arma adicional a no pasar por alto, a saber, la consagración del derecho del sindicato a ocupar el local, o los locales, de la empresa, cuya potencia el lector lo habrá observado en la práctica, y, si no, de todos modos, podrá imaginársela.
El otro, anterior, nunca se calificó a sí mismo “de izquierda”, pero ciertamente no careció de cualidades para que así le consideremos hoy. Me refiero, por supuesto, al proceso promovido por las presidencias de don José Batlle y Ordóñez, quien veía a los trabajadores y empleadores enfrentados bélicamente, el uno contra el otro. Obtuvo del Parlamento la primera ley de 8 horas de todo el mundo, arengó desde el balcón de su residencia presidencial a una multitud sindicalista, apoyó una huelga general siendo presidente e, interrogado por un senador socialista argentino —Alfredo Palacios—, sobre si él mismo era socialista, repuso que su vida, esencialmente entregada a la lucha política, no le permitía responder con precisión esa clase de preguntas, pero que, ciertamente, compartía muchas ideas originadas en el socialismo.
Una derrota en elecciones locales permitió al sucesor de Batlle, Feliciano Viera, de su mismo partido, llamar a esa fuerza política a la moderación (“el alto de Viera”); pero esta influencia se desvaneció cuando el político más influyente volvió a ser otro Batlle, un sobrino del primero, por nombre Luis Batlle Berres, que heredó de aquél la preocupación por el “adecuado” crecimiento de la remuneración, con cuyo fin promovió el sistema de Consejos de Salarios. Se trataba —y se trata aún— de un sistema de negociación de los salarios de la industria, dentro de cada rama con participación, entre las empresas, los sindicatos y, como terceristas, delegados del gobierno, actuando éstos con el sesgo que era de imaginarse. Aparte de eso, Batlle y Ordóñez inauguró la tendencia, que ha echado hondas raíces, de fundar empresas de propiedad gubernamental, tanto agrícolas como industriales, comerciales y financieras, de cuya influencia positiva sobre el salario y el nivel del empleo se destacan entre sus efectos.
En resumen, la influencia del izquierdismo se concentra, observándola globalmente, abarcando las dos etapas que he señalado, en la mejora del salario y del empleo en general. Tanto en el sector público como en el privado; pero no con igual eficacia. Comprensiblemente: en el sector privado estamos en el terreno de la lucha, en el cual el sindicalista negocia dejando entrever las armas que lleva tras de sus vestimentas, eventualmente, mostrándolas; si la cosa se pone dura, amenazando la huelga; cuando el patrón no cede, yendo hasta la misma huelga; in extremis procediendo a la ocupación. Perder en el conflicto, con armas tales, por supuesto, es prácticamente imposible. Pero la posibilidad de que los inversores abandonen la empresa, por más que inusual, no puede excluirse. ¡Qué diferencia con el sector público! He aquí patrones que no tienen ese loco ansia de ganar dinero, dicen los trabajadores. No son como los privados, que mecanizan las plantas cuanto pueden. Los estatales disfrutan empleando nuestros muchachos. Y una vez que uno tiene cierta antigüedad, el empleo dura para siempre, hasta la jubilación generosa que terminan dándoles a todos.
Y es así, en efecto. La prensa nos lo hacía recordar días atrás. El 9 de setiembre, en primera, El País titulaba: “El Estado ocupa más de 7 mil vacantes”, y en subtítulo agregaba: “Sólo Ancap dará ingreso antes de marzo a unos 460.” Y en el interior de ese diario pululaban las noticias conexas. En parte, enfocan los aspectos jurídico-financieros. Para apreciarlo, hay que tener presente que en las empresas estatales hay dos clases de empleados: contratados, como cualquier obrero o empleado en una empresa privada, cuya relación laboral puede romperse en cualquier momento por las voluntades en juego, incluso, por supuesto, en la del empleador; y funcionarios permanentes, que sólo pueden ser despedidos en caso de falta grave o delito. Los nombramientos de que el periódico dio cuenta se refieren a los que ingresarán en carácter de funcionarios públicos. Esos nombramientos requieren estar previstos en un presupuesto. Los presupuestos fijados en el primer año del gobierno se ajustan, más bien se amplían, en los años subsiguientes, menos el del año preelectoral. Nótese que los comentarios políticos destacan que las Cámaras han sacrificado otros objetivos para poder ampliar el número de nuevos funcionarios. Lo que se difunde es cuánto van a cobrar de más en adelante los afortunados, en función de las designaciones y promociones que los directores de la empresa han conseguido financiar. Es decir, que el éxito de la empresa está en cuánto perciban sus funcionarios, mientras lo que éstos logren aplicando sus brazos es un tema para el olvido.
No puedo cerrar este artículo pasando por alto la significación que la fuerza de trabajo que en cada Presupuesto y Rendición de Cuentas los directores de las empresas estatales consiguen incorporar a sus respectivos planteles, que constituyen —tal vez, en mi opinión— el núcleo del sistema económico uruguayo. No, por cierto, el haber amasado una fuerza laboral capaz de expandir las ganancias. Ciertamente, no es así. En la planta de ANCAP de fabricación de cemento, sita en Minas, que lleva operando varias décadas, ningún año dejó de perder algunos millones de dólares. Sin embargo, la nota de El País no deja de recoger la satisfacción de la dirección por la incorporación de 175 nuevos funcionarios. Lo importante, una vez más en mi parecer, es que los trabajadores de las empresas estatales tienen credencial, y votan.