El título entrecomillado se refiere a la estrategia utilizada por Rudy Giuliani, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, para combatir la inseguridad causada por el delito en el ámbito de su competencia. La idea central consiste en aplicar la ley con todo su rigor a los infractores primarios, en lugar de la inclinación, bastante generalizada, de pasar por alto los delitos iniciales, o tratarlos con franca benevolencia. La suba que está exhibiendo en nuestra ciudad el mercurio de la inseguridad, acercándose a la marca del terror, ha hecho que la postura del político yanqui haya sido considerada entre nosotros. Nos hemos enterado, sin sorpresa, que la ministra del Interior, Daisy Tourné, no comparte ese criterio. No pudimos conocer la opinión de Luis Alberto Lacalle, porque su respuesta a una pregunta al respecto, que se le dirigió en una entrevista televisada, fue evasiva. Como no podía ser de otra manera. Imagínese, lector, que el entrevistado hubiera aprobado la “Tolerancia Cero”. Y lo mismo si hubiese admitido que está considerándola. En ambos casos una manada de lobos se le tiraría a la garganta, acusándolo de estar sacrificando a jóvenes pobres, tentados por la exhibición de riqueza de que la burguesía alardea. Ése es el nivel, desde hace mucho, de los debates en nuestros foros políticos. Si no todas las cabezas hayan de permanecer ociosas cada vez que se discurra, los que no somos políticos debemos irrumpir en la zona de discusión. Y, entonces, por de pronto, heme aquí.
Comenzaré comentando la respuesta de Lacalle a la pregunta antedicha, porque, si bien la taché de evasiva, ciertamente no la consideré vacía de contenido. El entonces interrogado vino a sostener que la minoridad en materia penal tenía sentido cuando el infractor había cometido un hurto trivial, o algo por el estilo. Pero si un chico de doce años fuese el cabecilla en un asalto a un banco, sería absurdo eximirlo de responsabilidad por ser menor. Se impone, en cambio, que la ley autorice al juez declararlo responsable, con las precauciones técnicas del caso
A propósito de este criterio, aceptado en numerosos países, me parece elemental que se incorpore a nuestro sistema legal. Pero ello no resuelve el problema que Rudy Giuliani pretendió superar mediante su propuesta de tratamiento severo con los primarios. Ante todo, debe quedar claro que la finalidad de esa propuesta tiende a favorecer al infractor tanto como a sus potenciales víctimas si tomara la senda de la reincidencia. La idea de Giuliani es que el joven que da un primer mal paso llegue a representarse el futuro de su vida como una secuencia cada vez peor de la primera privación de libertad, y de la fuerza de esa impresión el recluso extraerá fuerzas para no volver a delinquir. Es esencial que su primariedad no le abrirá un camino a reducir la sentencia que le haya fijado el juez, sino que, inevitablemente, debe cumplirla hasta al fin. De esa seriedad de la ley, de esa ineluctabilidad de la sentencia, se supone que el infractor primario extraerá la fuerza para abstenerse definitivamente de reincidir.
¿Es realista la noción de que existen medios capaces de evitar la reincidencia de los jóvenes que incurren en el delito? En primer lugar consideremos el resultado de la experiencia Giuliani, que no pudo ser más favorable. De ser una ciudad señalada por su peligrosidad, se transformó en la más segura de las megalópolis de los EEUU. ¿Debe darse por probado que esa notable reducción de la peligrosidad en Nueva York es atribuible a la política carcelaria de Giuliani? Por supuesto, la prueba de la eficacia de políticas sociales sobre resultados sociales nunca es absoluta. Hay quienes sostienen que hubo factores coadyuvantes. Nadie serio, que yo sepa, le niega una influencia favorable. Sobre la opinión adversa de Tourné, cabe afirmar que ella se basó en su intuición desinformada, y no más que eso.
O, tal vez, se trate simplemente, de su percepción de la sensibilidad latina, conforme a la cual una política de apariencia dura, o rigurosa, posiblemente es incompatible con el sentir vernáculo. En ese caso, para un político, ofrecerle a su electorado una medida inaceptable es inútil, por buena que sea cuando se le aplique. Pero si la intolerancia ante la medida dura es general, nunca podría probarse que la medida es deseable. Véase si no lo que ocurre con la evaluación, siempre en materia de criminología, del efecto disuasivo de las penas. En la literatura en español, y desde mi pasaje por la Facultad de Derecho hasta hoy, no he oído otra evaluación que la negativa: agravar la pena por un delito X es nula en sus efectos. Podría mejorar la seguridad de la gente en consecuencia de hallarse un mayor porcentaje de agentes peligrosos en reclusión, pero la idea de que un cierto número de delincuentes se abstendrían de violar la ley en cuestión, por haberse rebajado la pena legal, sencillamente se descarta. Inclusive la pena de muerte. En general el repudio de la pena capital en medios latinos es tal que niegan todo efecto disuasivo sin consultar los resultados, o invocando investigaciones imaginarias. En lo que me es personal, sólo he encontrado información sobre la probabilidad de delincuencia en función de las penas, en textos ingleses, no de penalistas, pues nunca he frecuentado literatura penal en inglés, pero sí en trabajos de economistas, que han aprovechado su saber matemático para ofrecer información sobre los temas que acabo de mencionar, que están lejos de los resultados en blanco a que los autores latinos se aferran
Pero la cuestión de la “Tolerancia Cero” carece de agresividad frente la sensibilidad latina. Luce dura sólo si se contempla el caso del infractor primario, y eso, naturalmente, sólo si se ignora el resto de su vida, precisamente en cuyo interés ha sido concebida. Tomando la situación de un infractor que, gracias a cierta dureza de la primera reclusión, se ve libre de todas las otras eventuales, no podría ser más tierna y benévola. Y si no conduce a ese resultado, en virtud de la sensibilidad latina, no cabría otro camino que juzgarla indeseable.